La Sociedad Civil debe ser Vigilante del Manejo de los Presupuestos Públicos

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Alcaldes y Gobernadores Regionales concluyen su periodo de gestión en escasos meses, en octubre habrán elecciones municipales y regionales para elegir nuevas autoridades para el periodo 2023 al 2026.

Según el reciente informe presentado por el Contralor de la República, Nelson Shack Yalta, el 80 por ciento de los gobernadores del país tienen denuncias o son investigados por actos de corrupción. Asimismo, puntualizó que la corrupción en inversión pública alcanzó el 15 % de los gobiernos regionales, esto se traduce en 5 mil millones de soles perdidos, que bien pudieron servir para atender a la población más necesitada.

La descentralización parece haber fallado, porque lo que verdaderamente se ha descentralizado es la corrupción, casi a diario tenemos noticias de que autoridades de tal o cual región son investigadas, allanadas o detenidas, es decir, estas personas que fueron electas para trabajar por el bien común de los ciudadanos se han dedicado (salvo excepciones) a malversar el dinero del pueblo, así de claro.

Aquí, el rol de la Contraloría debe ser más efectivo, debe hacer un seguimiento desde el inicio de gasto del presupuesto de los gobiernos subnacionales, para así poner los correctivos y las alertas oportunas cuando noten que se están realizando operaciones indebidas con el dinero del pueblo. Eso sí, a la Contraloría se le debe otorgar facultades sancionadoras directas, de lo contrario será difícil luchar contra la corrupción. Si sólo pueden dar recomendaciones y no tienen la capacidad de sanción, no pasa nada.

En los tres últimos años, el rol fiscalizador del ciudadano ha estado en su nivel más bajo debido principalmente a la pandemia, eso ha hecho que las autoridades aprovechen la ocasión y hagan feria con el presupuesto público, hemos dado una mirada rápida a varios municipios y vemos entre otras cosas que han contratado en pandemia bastante personal y compras de insumos que dejan mucho que desear, ha habido poca ejecución de obras y cientos de municipios este año van a devolver mucho dinero al estado porque no ejecutaron obras.

La transparencia en las gestiones es poco transparente y las rendiciones de cuentas son, en muchos casos, verdaderas obras de teatro, recordemos que en plena pandemia muchos municipios sobrevaloraron el precio de las canastas que debían dar a la población necesitada y ni que decir de las obras, como no hay fiscalización ciudadana, se aprovechan de ello.

Por ello hay que dejar claro que la principal tarea de la sociedad civil es fortalecer la formación ciudadana para la participación y fiscalización de los presupuestos públicos. Aquí, la sociedad civil juega el gran rol de fondo, los ciudadanos debemos de preocuparnos de cómo nos están gobernando e interesarnos en la cosa pública, de lo contrario la corrupción no se detendrá y seguirá succionando el dinero de todos los peruanos. El ciudadano debe conocer cuánto dinero ingresa a su gobierno regional o su municipio, incluyendo canon, sobre canon, regalías, entre otros ingresos y sobre todo, conocer en qué obras se gastan y quienes son las empresas ejecutoras, ya que aquí es donde se forma el nudo de la corrupción. Asimismo, se debe priorizar el trabajo para los jóvenes y profesionales de sus ciudades.

Dada la situación de gravedad que atravesamos, creemos que el estado debe poder intervenir en algunos gobiernos regionales o municipios, para redireccionar su trabajo y desenquistar a los corruptos. El estado tiene a SERVIR, un organismo de primera línea que, con sus profesionales, puede coadyuvar al repontenciamiento de los gobiernos regionales y locales que estén en situación de putrefacción debido a la corrupción.

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