Sancionar a las empresas que atentan contra el ambiente es demostrar que existe un gobierno que hace respetar las leyes, la soberanía del país y que además sabe gobernar.
Nuestra indignación no puede ser mayor al ver la afectación de la vida humana, la vida marina y sus nefastas consecuencias para el hábitat marino y costero y como los males no vienen solos, el 26 se produjo un segundo derrame en la zona del terminal multiboyas de la Pampilla, Lima.
Pedimos prontitud en las acciones, los medios de comunicación y las redes sociales nos muestran a trabajadores recogiendo el petróleo derramado por la empresa Repsol en recogedores de basura casero; es una burla, una broma de mal gusto o la clara realidad de un país que nunca ha estado preparado para afrontar situaciones como estas, a pesar que los derrames de crudo son frecuentes en los ríos y bosque de la selva, seguro que por estar lejos no se les daba importancia. Frente al mundo no pudo haber peor imagen que esta, pues muestra a un país que es incapaz de enfrentar un daño ambiental.
El derrame se produjo el 15 enero de 2022 y desde esa fecha Repsol no ha dado información real sobre este grave atentado ambiental, no ha tenido ningún plan de contingencia para estas situaciones, ya que los propios afectados están siendo contratados para recoger con baldes y sin mayor protección el crudo derramado; queda claro que no han puesto mucho interés en detener la contaminación del mar peruano, si se hubiera actuado siguiendo las normas internacionales sobre derrames de petróleo se hubiera detenido en una pequeña zona de impacto y no como es ahora que los días han pasado y el crudo ha llegado ya hasta el norte chico, impactando en la subsistencia de miles de pescadores artesanales, la vida marina y las zonas de reserva del litoral.
Sancionar a las empresas que atentan contra el ambiente es demostrar a nuestra gente y al mundo entero que existe un gobierno que hace respetar las leyes, la soberanía del país y que además sabe gobernar. Es necesario darles un claro mensaje a las empresas extractoras y/o comercializadoras de nuestros recursos naturales sobre la responsabilidad ambiental que deben e tener para hacerle frente a un desastre minero, energético, ambiental, etc. Así como a las medidas sancionadoras a que se verían afectos, de no cumplir con sus planes de acción frente a estas contingencias.
No queremos más ciudades contaminadas como Cerro de Pasco,Chimbote, Talara, La Oroya, la Rinconada, etc.
